La organización Human Rights Watch (HRW) cuestionó en su informe anual el aumento de abusos cometidos por el Ejército mexicano durante la realización de los operativos de seguridad pública y la responsabilidad del Gobierno en la violación a los derechos humanos de los migrantes.
En el reporte presentado ayer, el organismo internacional advierte que civiles, defensores de derechos humanos e indocumentados son atacados deliberadamente por grupos delictivos y miembros de las fuerzas de seguridad bajo el desamparo del Estado.
"Los militares mexicanos continúan cometiendo serios abusos en operaciones de seguridad pública, y aquellos responsables virtualmente nunca rinden cuentas", sostiene HRW en su informe global divulgado en Bruselas.
"En el marco de sus actividades de seguridad pública, las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y violaciones sexuales".
La organización ilustra los abusos cometidos por las fuerzas castrenses con el caso de Martín y Bryan Almanza, de 9 y 5 años de edad, quienes fueron asesinados en abril de 2010 cuando el automóvil en el que se trasladaban fue alcanzado por disparos al pasar un retén en Tamaulipas.
"El Ejército alegó que se trató de un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes. Sin embargo, una investigación posterior de la CNDH reveló que los militares habían manipulado la evidencia encontrada en el lugar de los hechos y que los responsables de estas muertes eran soldados".
De acuerdo con la edición 21 del informe anual de HRW, desde el 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reportado 65 casos de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y durante el primer semestre de 2010 recibió más de mil 100 quejas adicionales de violaciones a las garantías individuales.
Por otro parte, el organismo establece que los migrantes indocumentados que cruzan por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos no sólo están desprotegidos por parte de las autoridades, sino que en ocasiones son éstas las que violan sus derechos.
Reporta que desde el año 2007 un total de 350 funcionarios, casi el 15 por ciento del personal, han sido despedidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos como trata de personas.
En su informe, Human Rights Watch deja además constancia de las deficiencias del sistema judicial para impartir justicia, la corrupción, la falta de recursos y la deficiente capacitación de las autoridades.
"Las joyitas"
- 65 casos de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas desde 2007
- 350 funcionarios del INM, casi el 15 por ciento despedidos por nexos con el crimen organizado