La violencia que se ha registrado en la agencia municipal San Juan Copala, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, reabrió “la guerra de baja intensidad” iniciada por el ex gobernador del estado, Diódoro Carrasco Altamirano, señaló la Comandancia Central del grupo guerrillero Brigada Popular Revolucionaria del Sur (BPR) resguardado en la Sierra de Oaxaca.
A través de un comunicado, el grupo guerrillero acusa al ex mandatario de ser el creador de grupos paramilitares que “asolan y masacran impunemente” a quienes se oponen a sus intereses, con lo que generan “desgracia, división, desconfianza” y el enfrentamientos entre las comunidades indígenas, señalaron.
“No existen condiciones ni garantías para restituir la paz y la armonía en San Juan Copala , simple y sencillamente porque así conviene a sus ntereses”, adviertieron y mencionaron que diversos líderes sociales han expresado su repudio por la represión en San Juan Copala, y su preocupación por la relación del gobernador electo, Gabino Cué, con gente que reprime y tortura, ex priístas y ahora militantes del PAN como Diódoro Carrasco, José Trinidad Rodríguez Ballesteros, ex director de la policía judicial, y del ex procurador Roberto Pedro Martínez Ortiz, todos ellos vinculados a la represión política, persecución y asesinatos que han existido en la región Loxicha desde 1996.
La BPR acusa a Gabino Cué de ser una persona de la aristocracia oaxaqueña, y de ser parte de la represión contra los Loxichas.“Gabino Cué se siente iluminado, niega su origen pudiente, se contradice al hablar de pueblo, critica la represión cuando él fue parte de un gobierno represor con Diodoro Carrasco en 1996, al desempeñarse como Secretario Técnico del gobierno, durante la brutal agresión contra nuestros hermanos zapotecos Loxichas, motivo por el cual la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos por medio de Angélica Ayala, solicitó que a Diódoro Carrasco se le acusara ante organizaciones internacionales de delitos de genocidio”.
El grupo guerrillero cuestionó al gobernador electo sobre su discurso de transparencia y honestidad, y le exigió aclarar la compra de nueve helicópteros con un valor aproximado a los 17.5 millones de dólares y tres aviones con un costo de 14. 5 millones de dólares, que se compraron en el periodo de 1999-2000; presuntamente, en uno de ellos murió el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. La gravedad de este asunto sigue siendo, apunta, que la compra se hizo sin licitación. A través de diversas maniobras administrativas, se logró adquirir los aparatos aéreos a precios exageradamente altos, aún cuando eran usados.
“Varios de los colaboradores de Carrasco Altamirano fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública. En uno de los helicópteros comprados por la administración de Diódoro Carrasco como encargado de la política interna del país, murió el entonces Secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. En el avión Lear Jet 45, adquirido en el mismo paquete en 1999, encontró la muerte el Secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño. Por supuesto no son responsables directos, pero si permitieron adquisiciones fraudulentas, que según el investigador José Luis Moya, demuestran la corrupción de estos pillos”.
En este caso, relata el grupo guerrillero en su comunicado, 40 funcionarios fueron implicados por la SFP, tres de ellos personas directamente comprometidas con Diódoro Carrasco, según las investigaciones.
“Gabino Cué entre 1999 y 2000, tuvo la responsabilidad en la Secretaría de Gobernación de Secretario técnico, Secretario particular y subsecretario de comunicación social, o sea que conoció de estos hechos. Se olvida Gabino Cué referir que su padre fue tesorero del gobierno casi toda la vida, y además por ser de ascendencia española, el gobierno de ese país lo apoyó con becas en esa también su patria”.