Mientras que los habitantes de Choapan lloran a sus muertos y exigen que se castigue a los responsables de la emboscada ocurrida la mañana del pasado sábado y que dejara como saldo diez muertos y nueve lesionados de entre la comitiva de la Agencia de San Juan del Río que se dirigían a la cabecera municipal para participar en la instalación del Consejo Municipal Electoral, el gobierno del cambio se lava las manos y trata de explicar lo ocurrido buscando las causas de este lamentable suceso fuera del aparato gubernamental.
Que si el poder ejecutivo no tiene facultades para intervenir en los procesos electorales ni en su calificación; que si éste es un gobierno democrático respetuoso de las instituciones; etc, etc. etc. Desafortunadamente, para las víctimas y sus familiares, el daño ya está hecho. Las “sesudas” reflexiones, por demás irresponsables, del gobernador del cambio y de sus colaboradores, en nada contribuyen a la solución del conflicto y mucho menos alivian la desgracia que embarga a los padres, hijos, esposas y hermanos de los ejecutados.
Los pobladores de Choapan advirtieron muchas veces al gobierno del cambio que, lejos de resolverse, el conflicto poselectoral que se vive en su municipio desde finales del pasado mes de diciembre, iba en aumento. En respuesta a la petición urgente de una intervención decidida del Gobierno del Estado para apaciguar los ánimos que amenazaban con desbordarse, como finalmente ocurrió, los pobladores sólo recibieron el ofrecimiento de instalar mesas de trabajo en las cómodas oficinas de los funcionarios del cambio responsables de la atención de dicho conflicto.
En numerosas ocasiones pobladores de Choapan acudieron a las oficinas del Instituto Estatal Electoral (IEE) para demandar la atención del conflicto. No fueron pocas las conferencias de prensa que los diferentes actores políticos involucrados ofrecieron para solicitar la intervención inmediata de las instituciones responsables de la atención de su problemática (Ejecutivo del estado incluido). En todos esos intentos por evitar que la sangre llegara el río, los demandantes sólo recibieron un tortuoso tratamiento burocrático; entre el IEE y el ejecutivo estatal los trajeron del tingo al tango hasta que, por desgracia, la precaria estabilidad del municipio no resistió más.
Desafortunadamente, y contario a los dictados del sentido común, la tragedia del sábado 14 no ha sido suficiente para que el gobierno del cambio se asuma por fin como garante de la estabilidad política y la gobernabilidad del estado. Desde que se dio a conocer la noticia de lo sucedido a los habitantes de la agencia de San Juan del Río, Choapan, el ejecutivo estatal puso en marcha una campaña mediática para justificar su omisión, recurriendo a frases muy gastadas como los demagógicos llamados al diálogo y la demanda de actitudes responsables y prudentes de los actores involucrados.
Y, para no variar, el gobierno del cambio cierra su actuación en este lamentable suceso advirtiendo que este hecho no quedará impune y que las áreas estatales de procuración de justicia aplicarán todo el peso de la ley a los responsables. Después de todo lo hemos visto en estos casi seis meses del gobierno del cambio bien vale la pena preguntarse ¿por qué ahora sí le tenemos que creer?